La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles 14 de octubre un decreto que obliga a las plataformas digitales a reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos, abuso sexual, ciberacoso y publicaciones que promuevan el suicidio o las autolesiones. La medida establece nuevas responsabilidades para las empresas tecnológicas y abre una nueva etapa de cumplimiento digital en México.
De acuerdo con información difundida por el Gobierno federal y reportes de Reuters, las compañías tendrán 30 días naturales, una vez que se cumplan las condiciones de entrada en vigor correspondientes, para informar sobre las acciones implementadas. Entre las empresas tecnológicas que ya habían participado en conversaciones con autoridades mexicanas se encuentran Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei.
La disposición busca que las plataformas no solo reaccionen ante las denuncias de usuarios, sino que incorporen mecanismos para detectar, restringir y retirar contenidos que representen un riesgo para la población menor de edad.
¿Qué contenidos deberán restringir las plataformas digitales?
El decreto contempla publicaciones, imágenes y videos que promuevan discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual, suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios, violencia escolar, acoso, ciberacoso y ciberbullying. También incluye conductas ilícitas y material sexual explícito.
La intención es que las empresas integren medidas de protección desde el diseño de sus servicios y no dependan exclusivamente de los reportes posteriores de los usuarios.
Durante la presentación de la iniciativa, Sheinbaum defendió el carácter obligatorio de las nuevas disposiciones. “No podemos permitir que las plataformas digitales sean espacios no seguros para niñas, niños y adolescentes”, afirmó la presidenta, según la versión estenográfica de la conferencia del 9 de octubre.
El Gobierno también ha planteado que las plataformas establezcan mecanismos de coordinación con las autoridades para reportar contenidos que impliquen riesgos. La aplicación práctica de estas obligaciones dependerá de los procedimientos que adopte cada servicio y de su capacidad para identificar material perjudicial sin afectar indiscriminadamente publicaciones legítimas.
Verificación de edad y moderación: los retos técnicos para las empresas
Para las compañías tecnológicas, cumplir con el decreto implica mucho más que actualizar sus políticas de uso. Será necesario evaluar cómo identifican a los usuarios menores de edad, qué controles aplican según la edad y qué herramientas utilizan para detectar contenido potencialmente dañino.
La verificación de edad es uno de los principales desafíos. Los sistemas pueden apoyarse en información declarada por los usuarios, mecanismos de estimación de edad u otros procesos de validación. Sin embargo, cada alternativa plantea dificultades relacionadas con la precisión, la suplantación de identidad y la cantidad de información personal que requiere recopilar.
Las plataformas necesitan combinar sistemas automatizados, modelos de inteligencia artificial y revisión humana para identificar publicaciones que promuevan violencia o acoso. El contexto resulta fundamental: una publicación que denuncia un acto violento o informa sobre un caso de abuso no necesariamente promueve esas conductas.
Por ello, los mecanismos de detección deberán distinguir entre contenido perjudicial y material periodístico, educativo o de denuncia. Una moderación demasiado limitada puede dejar expuestos a los menores; una aplicación excesivamente amplia puede restringir información legítima.
Privacidad y libertad de expresión, en el centro del debate
Una solución técnicamente viable tendrá que equilibrar la protección de menores con la privacidad de todos los usuarios. Por ejemplo, los sistemas de verificación que permiten confirmar que una persona cumple con un requisito de edad sin revelar información adicional pueden reducir algunos riesgos, aunque su implementación depende de la tecnología y del marco aplicable.
La libertad de expresión constituye otro punto sensible. Los criterios para determinar qué publicaciones deben retirarse necesitan ser suficientemente claros para evitar decisiones arbitrarias, especialmente cuando se trata de denuncias, investigaciones periodísticas o conversaciones sobre violencia y salud mental.
Según Reuters, Sheinbaum señaló que, si las empresas no cumplen con las disposiciones, el Gobierno respaldaría una iniciativa legislativa para establecer sanciones. Esto significa que el incumplimiento podría abrir la puerta a nuevas medidas regulatorias, aunque las consecuencias concretas dependerán de las disposiciones legales que se desarrollen.
Preguntas frecuentes:
¿Qué establece el decreto de México para proteger a menores en internet?
Obliga a las plataformas digitales a reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos relacionados con violencia, abuso sexual, ciberacoso, suicidio, autolesiones y otros materiales perjudiciales.
¿Cuánto tiempo tienen las plataformas digitales para cumplir con el decreto?
Las empresas disponen de 30 días naturales, conforme a las condiciones de entrada en vigor previstas, para informar sobre las medidas implementadas para cumplir con las nuevas obligaciones.
¿Cómo afectará el decreto a las empresas tecnológicas en México?
Las plataformas deberán revisar sus sistemas de moderación de contenidos, sus mecanismos de detección de riesgos y sus procesos de protección de menores. También tendrán que considerar la verificación de edad, la privacidad de los usuarios y la documentación de sus acciones de cumplimiento
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