El Gobierno de México llega a la segunda mitad de 2026 con una parte importante de su presupuesto para tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) todavía sin ejercer. De acuerdo con el seguimiento de ejecución presupuestaria utilizado para este análisis, durante el primer semestre se habrían ejercido alrededor de 9,700 millones de pesos, equivalentes a 29% de la bolsa anual, por lo que quedarían cerca de 23,700 millones de pesos disponibles para el resto del año.
El dato es especialmente relevante para fabricantes, mayoristas, distribuidores, integradores, resellers, VAR, proveedores de software, servicios administrados y empresas de ciberseguridad que dependen de los proyectos de transformación digital del sector público.
La pregunta, sin embargo, no es solamente cuánto dinero queda. Lo interesante es en qué tecnologías podría concentrarse el gasto durante los últimos meses de 2026.
El presupuesto TIC del Gobierno cayó por segundo año consecutivo
El contexto ayuda a dimensionar el tamaño de la oportunidad. Para 2026, el Gobierno federal aprobó un presupuesto TIC de 33,395 millones de pesos, de acuerdo con el análisis de Select, lo que representa una reducción de 1.9% frente al presupuesto aprobado en 2025 y el segundo recorte consecutivo.
La cifra también debe leerse dentro de un Presupuesto de Egresos de la Federación mucho más amplio. El PEF 2026 contempla un gasto neto total de 10.19 billones de pesos, de los cuales 7.09 billones corresponden a gasto programable.
Aunque las TIC representan una fracción relativamente pequeña del gasto federal, su impacto es transversal: están detrás de los sistemas que permiten operar trámites, administrar información, conectar dependencias, proteger datos y ofrecer servicios digitales a los ciudadanos.
Una de las claves para entender dónde puede aparecer el gasto pendiente está en la composición del presupuesto.
En el primer trimestre de 2026, el Gobierno federal había ejercido 4,072 millones de pesos, equivalentes a 12% del presupuesto TIC anual. La mayor parte se concentró en servicios TIC, con 1,892 millones de pesos, principalmente para servicios de centros de datos y desarrollo de software. Le siguieron los servicios de telecomunicaciones, con 1,574 millones de pesos.
El hardware, en cambio, avanzó mucho más lentamente. Durante ese periodo solamente se habían utilizado 349 millones de pesos destinados a equipo, equivalentes a 6% del presupuesto disponible para ese segmento.
Esto permite imaginar un segundo semestre distinto al primero. Si las dependencias aceleran sus procesos de contratación y ejecución, parte del presupuesto pendiente podría terminar en proyectos de infraestructura tecnológica, servicios administrados, centros de datos, conectividad, software y renovación de equipos.
No significa que los 23,700 millones de pesos restantes vayan a convertirse automáticamente en contratos durante los próximos meses. El ejercicio depende de procesos de licitación, calendarios de contratación, disponibilidad presupuestaria, tiempos de entrega y capacidad de cada dependencia para concretar sus proyectos.
La digitalización de trámites puede ser uno de los grandes motores
El Gobierno federal tiene además una agenda digital que puede funcionar como guía para entender hacia dónde se dirige parte de la inversión tecnológica.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones plantea como objetivo que México se convierta en un referente regional en soluciones digitales accesibles, interoperables y centradas en las personas. Entre sus prioridades está avanzar en la digitalización de trámites y servicios, reducir cargas administrativas y mejorar la atención ciudadana.
Eso cambia el tipo de tecnología que puede ganar relevancia.
La transformación digital del Gobierno no depende únicamente de comprar computadoras o servidores. También requiere plataformas, integración de sistemas, bases de datos, interoperabilidad, servicios en la nube, desarrollo de software, infraestructura de telecomunicaciones y mecanismos de seguridad.
En otras palabras, el posible acelerón del gasto durante el segundo semestre podría favorecer especialmente a proveedores capaces de vender soluciones completas, y no únicamente productos individuales.
Ciberseguridad y centros de datos ganan peso
Select reportó que el Gobierno federal ejerció 87% de su presupuesto TIC durante ese año, por un monto de 29,673 millones de pesos. Sin embargo, el comportamiento fue desigual: mientras equipo y consumibles incluso superaron el presupuesto asignado, los servicios TIC registraron una ejecución de 71% y el software apenas alcanzó 46%.
Ese comportamiento puede ser relevante para 2026 porque deja claro que el reto no es solamente tener presupuesto, sino convertirlo en proyectos ejecutados.
Además, la estrategia digital del Gobierno coloca la interoperabilidad, la accesibilidad y la eficiencia de los servicios públicos entre sus principios. Para que esos sistemas funcionen, las dependencias necesitan infraestructura y protección de la información.
Por ello, ciberseguridad, servicios administrados, centros de datos, software e integración podrían convertirse en categorías particularmente relevantes conforme avance el ejercicio presupuestario.
¿Qué significa para fabricantes, distribuidores e integradores?
Para la industria tecnológica, el segundo semestre puede convertirse en una ventana comercial importante, pero también en un periodo de mayor presión.
Con menos meses disponibles para ejercer el presupuesto, los proveedores que ya tengan capacidad de implementación, inventario, certificaciones, socios locales y experiencia con procesos de contratación pública podrían tener ventaja.
El mercado tampoco parte de cero. El propio análisis de Select señala que el presupuesto TIC federal de 2026 concentra oportunidades en telecomunicaciones, mientras que servicios TIC y equipo enfrentaron recortes frente al año anterior.
Esto obliga a fabricantes y canales a mirar más allá de la venta tradicional de hardware. Un proyecto gubernamental puede involucrar infraestructura, software, soporte, seguridad, nube, integración y servicios administrados dentro de una misma iniciativa.
El verdadero reto será gastar bien y a tiempo
El Gobierno mexicano todavía tiene una cantidad importante de recursos TIC por ejercer, pero eso no significa que exista un cheque abierto para la industria tecnológica.
El presupuesto aprobado establece el techo de gasto, mientras que su materialización depende de las decisiones y procesos de cada dependencia. La Secretaría de Hacienda explica que el PEF define las actividades, obras y servicios públicos que se realizarán durante el ejercicio fiscal, que va del 1 de enero al 31 de diciembre.
Por eso, los próximos meses serán decisivos. Si el Gobierno acelera la contratación, los recursos pendientes pueden traducirse en nuevos proyectos de digitalización, conectividad, software, infraestructura y seguridad.
Si no lo hace, una parte del presupuesto podría terminar sin ejercerse, repitiendo un patrón que ya se ha observado en años anteriores.
Preguntas frecuentes:
¿Cuánto presupuesto TIC le queda al Gobierno de México en 2026?
El Gobierno federal tendría alrededor de 23,700 millones de pesos de presupuesto TIC por ejercer durante la segunda mitad de 2026, tomando como referencia el monto anual de 33,395 millones de pesos y el avance reportado durante el primer semestre. La cifra exacta puede variar conforme se realicen modificaciones y nuevas erogaciones presupuestarias.
¿En qué tecnologías podría gastar el Gobierno de México durante 2026?
Entre las áreas con mayor potencial están los servicios TIC, centros de datos, desarrollo de software, telecomunicaciones, infraestructura tecnológica, interoperabilidad y ciberseguridad. La agenda oficial de transformación digital también prioriza la digitalización de trámites y servicios públicos.
¿Qué empresas pueden beneficiarse del presupuesto TIC del Gobierno mexicano?
Fabricantes, mayoristas, distribuidores, integradores, VAR, resellers, desarrolladores de software, proveedores de nube, empresas de ciberseguridad y proveedores de servicios administrados pueden participar en proyectos tecnológicos del sector público, dependiendo de las licitaciones y procesos de contratación de cada dependencia.
