México está entrando en una nueva etapa de la regulación de la inteligencia artificial en México. Aunque el país todavía no cuenta con una Ley General de Inteligencia Artificial aprobada, durante 2026 han avanzado distintas iniciativas que buscan establecer reglas para usos específicos de esta tecnología, desde el ámbito laboral y las telecomunicaciones hasta la protección de datos, la propiedad industrial y los sistemas considerados de alto riesgo.
El escenario que comienza a tomar forma no necesariamente apunta a una sola legislación que establezca las mismas obligaciones para cualquier empresa que utilice inteligencia artificial. Por el contrario, México está explorando un modelo en el que las reglas puedan adaptarse al sector y al nivel de riesgo que representa cada aplicación.
La discusión ocurre mientras la adopción de IA comienza a generar impactos económicos. Un estudio presentado en junio por la Secretaría de Economía, basado en información del Censo Económico 2024 del INEGI, encontró que únicamente 4.8% de las empresas manufactureras mexicanas con más de 10 empleados utilizaba inteligencia artificial. El promedio entre sectores económicos era de 8%, frente a 19.1% en la OCDE.
México todavía no tiene una ley general de inteligencia artificial
A mediados de 2026, el Congreso mexicano mantiene distintas propuestas para construir un marco general para la inteligencia artificial. Una iniciativa presentada en abril en la Cámara de Diputados plantea modificar el artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes generales sobre regulación, gobernanza, desarrollo y uso ético de la IA.
La propuesta contempla principios como derechos humanos, dignidad de las personas, transparencia algorítmica, supervisión humana, protección de datos personales, no discriminación y seguridad nacional. Sin embargo, su estatus continúa como pendiente en comisión.
En el Senado también se presentó en abril una iniciativa que busca facultar al Congreso para expedir una Ley General de Inteligencia Artificial. El proyecto plantea establecer principios, bases y mecanismos de coordinación entre Federación, estados y municipios para el desarrollo, uso, aplicación, supervisión y control de sistemas de IA. También permanece pendiente en comisiones.
Esto significa que, por ahora, hablar de una “ley mexicana de inteligencia artificial” sería impreciso. Lo que existe es un conjunto de iniciativas y normas que comienzan a abordar diferentes aplicaciones de la tecnología.
La regulación de IA comienza a dividirse por sectores
Uno de los movimientos más relevantes de 2026 es precisamente el desarrollo de reglas específicas para determinadas industrias.
En febrero, una iniciativa presentada en el Senado propuso incorporar disposiciones sobre inteligencia artificial en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. El proyecto contempla requisitos para sistemas considerados de alto riesgo, obligaciones para operadores, reglas de transparencia para sistemas que interactúan con personas, reconocimiento de emociones, categorización biométrica y generación o manipulación de imágenes, audio y video.
La propuesta también plantea que los desarrolladores e implementadores incorporen mecanismos técnicos que permitan identificar contenido generado por IA y establece principios relacionados con derechos humanos, privacidad, propiedad intelectual y no discriminación.
En materia laboral, otra iniciativa presentada en abril busca modificar la Ley Federal del Trabajo para establecer reglas sobre el uso de inteligencia artificial en los centros de trabajo. Entre otras medidas, propone que los trabajadores sean informados cuando un sistema de IA intervenga en la organización, asignación de tareas o evaluación de desempeño.
También plantea que las decisiones que afecten derechos laborales no dependan exclusivamente de procesos automatizados y que exista intervención humana para validarlas.
El patrón comienza a repetirse: en lugar de esperar a que exista una legislación general para abordar todos los escenarios, diferentes iniciativas están intentando establecer reglas en ámbitos concretos.
Un nuevo modelo: semáforos para identificar los riesgos de la IA
La discusión dio otro paso el 24 de julio de 2026, cuando fue presentada en la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la Ley Federal para el Desarrollo Ético, Soberano e Inclusivo de la Inteligencia Artificial.
La propuesta plantea crear un Consejo Nacional de Inteligencia Artificial como organismo público descentralizado y una Plataforma Nacional de Auditoría Algorítmica, encargada de evaluar y emitir dictámenes técnicos sobre datos, modelos y sistemas de IA.
Uno de los elementos más llamativos es la propuesta de implementar un sistema de “semáforos de riesgos”, con el objetivo de diferenciar los sistemas de acuerdo con el nivel de riesgo que representan.
Este enfoque resulta relevante porque no todas las aplicaciones de IA tienen las mismas consecuencias. Un asistente que ayuda a redactar un correo corporativo no representa el mismo riesgo que un algoritmo utilizado para determinar el acceso a un crédito, evaluar a un trabajador, realizar un diagnóstico médico o utilizar reconocimiento biométrico.
La lógica detrás de una regulación basada en riesgos es precisamente establecer mayores obligaciones para las aplicaciones con mayor capacidad de afectar los derechos o la seguridad de las personas.
La industria también está presionando por reglas claras
Mientras el Congreso discute las iniciativas, el gobierno mexicano está participando en conversaciones internacionales sobre cómo establecer estándares técnicos para la inteligencia artificial.
En marzo de 2026, la Secretaría de Economía informó que México participa en el Grupo de Trabajo de Innovación del G20, específicamente en el Pilar V, dedicado a estándares industriales específicos por sector.
El objetivo es impulsar estándares voluntarios liderados por la industria para acelerar la adopción de IA y otras tecnologías emergentes. La dependencia destacó la importancia de contar con parámetros técnicos claros para evaluar y aplicar la inteligencia artificial en diferentes sectores, al tiempo que se busca evitar barreras innecesarias al comercio.
Esto coloca a México ante una disyuntiva de regular lo suficiente para generar confianza, pero sin establecer requisitos tan complejos que terminen frenando la innovación o la inversión.
El avance regulatorio ocurre al mismo tiempo que el gobierno mexicano busca aumentar el uso de inteligencia artificial.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones reporta entre sus objetivos de 2026 la certificación de miles de estudiantes en tecnologías emergentes e IA, así como el desarrollo de asistentes digitales para trámites y el uso de inteligencia artificial para analizar imágenes satelitales, monitorear fronteras y atender desastres naturales.
Incluso dependencias gubernamentales ya exploran aplicaciones de IA para mejorar la toma de decisiones. En abril, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunciaron una colaboración para utilizar modelos predictivos, automatización y análisis avanzado de riesgos en la gestión de desastres.
Preguntas frecuentes:
¿México ya tiene una ley de inteligencia artificial?
No. En 2026 México todavía no cuenta con una Ley General de Inteligencia Artificial aprobada. Existen diversas iniciativas en el Congreso que buscan crear un marco general y otras propuestas que pretenden regular aplicaciones específicas de IA.
¿Cómo se está regulando la inteligencia artificial en México?
México está avanzando mediante iniciativas sectoriales y reformas a diferentes ordenamientos, además de propuestas para crear una regulación general basada en principios como transparencia, supervisión humana, protección de datos, no discriminación y evaluación de riesgos. La Secretaría de Economía también participa en el G20 en la construcción de estándares específicos por sector.
¿Qué sectores podrían tener más regulación de IA en México?
Telecomunicaciones, trabajo, protección de datos, propiedad industrial, servicios financieros, salud y seguridad pública son algunos de los ámbitos donde el uso de IA puede generar mayores obligaciones por el impacto que sus decisiones pueden tener sobre las personas. Las iniciativas presentadas en 2026 ya contemplan reglas específicas para sistemas de alto riesgo, decisiones automatizadas, biometría, contenido sintético y utilización de IA en los centros de trabajo.
