La provincia de Buenos Aires dio un paso decisivo en materia de regulación de IA al aprobar un marco obligatorio para el uso de la Inteligencia Artificial dentro del Estado provincial. La norma, publicada en el Boletín Oficial, se convierte en la primera regulación integral del país que fija reglas claras sobre cómo, cuándo y para qué el sector público puede utilizar algoritmos, sistemas automatizados y modelos de IA.
Qué establece la nueva norma
El nuevo marco se asienta sobre principios clave: neutralidad tecnológica, razonabilidad, respeto a los derechos humanos, protección de datos personales, privacidad, trazabilidad y responsabilidad demostrada. Cada organismo deberá garantizar que sus sistemas de IA sean explicables, auditables y seguros. Además, se exige implementar medidas técnicas y organizativas que eviten accesos indebidos y protejan la información sensible.
Cómo se clasifican los sistemas de IA
El eje central de la Resolución 9/2025 es la clasificación de las tecnologías de IA según su nivel de riesgo:
- Riesgo inaceptable: queda terminantemente prohibido cualquier sistema que manipule conductas, explote vulnerabilidades, realice scoring social o aplique evaluaciones automatizadas con fines discriminatorios o de control social.
- Riesgo alto: se permite bajo auditorías, evaluaciones de impacto y estrictas garantías. Incluye biometría, identificación remota, gestión de infraestructuras críticas y sistemas vinculados a justicia o decisiones laborales.
- Riesgo limitado: herramientas que requieren justificación y medidas de transparencia, como asistentes conversacionales sin tratamiento sensible.
- Riesgo nulo: tecnologías con impacto mínimo sobre derechos fundamentales.
Obligaciones para los organismos públicos
La norma no solo regula qué se puede usar: también exige nuevas responsabilidades para cada entidad del Estado provincial.
Toda dependencia deberá:
- Realizar evaluaciones de riesgo antes de implementar IA.
- Documentar todo el ciclo de vida del sistema, desde su diseño hasta su mantenimiento.
- Aplicar medidas para mitigar sesgos y validar que los resultados no sean discriminatorios.
- Garantizar la seguridad de los datos y prevenir accesos no autorizados.
- Permitir auditorías internas y externas sobre su funcionamiento.
Esto implica que ningún sistema podrá ser instalado sin supervisión ni controles, evitando la adopción indiscriminada de tecnologías basadas en IA.
Regulación de IA: información obligatoria al ciudadano
Uno de los ejes más importantes de la regulación es la transparencia hacia la ciudadanía. La norma establece que toda persona debe ser informada antes de interactuar con un sistema automatizado o asistido por IA.
Esto aplica a:
- Chatbots de atención al público
- Sistemas de gestión de trámites
- Modelos de recomendación o clasificación
- Plataformas de soporte administrativo
El objetivo es garantizar autonomía informativa: nadie debe ser evaluado, atendido o asistido por IA sin saberlo.
Registro Provincial de IA e información obligatoria a la ciudadanía
La resolución crea el Registro Provincial de Inteligencia Artificial, en el que deberán inscribirse todos los proyectos de IA desarrollados o utilizados por organismos públicos. Además, cualquier interacción con sistemas automáticos deberá ser informada de manera clara y previa al ciudadano.
Esta exigencia apunta a garantizar transparencia y autonomía informativa: nadie podrá interactuar con IA estatal sin saberlo.
Un modelo pionero con impacto nacional
Con esta regulación, la provincia de Buenos Aires se convierte en la primera jurisdicción del país en establecer un régimen normativo obligatorio para el uso de IA en el Estado. La medida abre la puerta a que el resto de las provincias —e incluso el nivel nacional— adopten marcos similares, tomando como referencia estándares internacionales que equilibran innovación con protección de derechos.
La IA ya interviene en trámites, procesos administrativos, salud, seguridad y justicia; por eso, regular su uso no es solo necesario, sino urgente. La Resolución 9/2025 marca un punto de inflexión: la tecnología podrá seguir creciendo, pero bajo reglas claras, auditables y orientadas a proteger a la ciudadanía.
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