En medio de un debate público sobre los alcances de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el gobierno federal salió al paso este martes para negar categóricamente que la reforma permita espiar o censurar a la ciudadanía. Durante la conferencia matutina del 1 de julio, autoridades federales afirmaron que el dictamen aprobado por el Senado no otorga nuevas facultades de vigilancia al Estado, sino que replica disposiciones legales vigentes desde 2014.
José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, señaló que el polémico 183 del nuevo dictamen mantiene el mismo lenguaje que el artículo 190 de la Ley actual, vigente desde hace una década.
Este artículo explicó, establece que los concesionarios de telecomunicaciones deben colaborar con las autoridades únicamente en los términos permitidos por la ley, sin facultades discrecionales, ni para el gobierno ni para el nuevo órgano regulador.
“La ley no permite el acceso libre a datos. Todo acceso a información geográfica o datos conservados requiere una orden judicial escrita, fundada y motivada”, puntualizó Peña Merino, citando también el artículo 182 del dictamen y el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales como salvaguardas clave para proteger la privacidad de los ciudadanos.
En respuesta a las acusaciones sobre un posible marco de censura disfrazado de “protección a las audiencias”, el funcionario aclaró que los derechos establecidos en el artículo 6º constitucional no sólo se mantienen, sino que se fortalecen con mecanismos claros de queja ciudadana. “La censura no proviene del Estado. Son las audiencias quienes pueden reclamar si consideran que se ha vulnerado su derecho a información veraz”, explicó Peña Merino.
La presidenta Claudia Sheinbaum también abordó el tema y rechazó tajantemente las críticas de espionaje por parte de la oposición. “Esa acusación es una hipocresía. Porque ellos sí nos espiaban a nosotros, la verdad”, sentenció. Recordó que cuando era candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, varios empleados de la fiscalía capitalina le advirtieron sobre un intento de intervención a su correo electrónico.
Sheinbaum fue enfática en asegurar que su administración no recurrirá al espionaje ni a la persecución de la oposición o de movimientos sociales. “Claro que necesitamos herramientas cuando hay un presunto delito, y eso es lo que fortalece la nueva ley”, dijo. Agregó que la intención real de la reforma es garantizar que, si un ciudadano se siente afectado por información errónea o falsa en medios, pueda presentar una queja y exigir una respuesta oportuna.
Tanto Sheinbaum como Peña Merino coincidieron en que la nueva normativa está lejos de ser un instrumento de control estatal. Se trata de una modernización legal que busca armonizar el marco normativo con los avances tecnológicos y las necesidades de protección a las audiencias, sin vulnerar derechos fundamentales.
“La ley no crea nuevos poderes para el Estado, ni autoriza espionaje. Es una actualización legal que mantiene los equilibrios constitucionales y exige control judicial para cualquier intervención”, concluyó Peña Merino.
Llave MX, sin riesgo de suplantación
Aprovechando el espacio, Peña Merino también respondió a inquietudes sobre la plataforma digital Llave MX, la cual es blanco de críticas ante posibles vulneraciones de identidad. El titular aseguró que la herramienta no permite, por sí sola, realizar trámites oficiales completos.
“No puedes iniciar y concluir un trámite por completo simplemente con Llave MX. Siempre se requiere documentación adicional validada por un servidor público”, aclaró. Aunque admitió que alguien podría crear una cuenta con una CURP ajena, insistió en que eso no significa una suplantación efectiva, pues ningún proceso puede finalizar sin documentos oficiales que acrediten a la persona usuaria.
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