El registro obligatorio de líneas telefónicas vuelve a colocarse en el centro del debate público en México. La nueva iniciativa de ley impulsada por el gobierno federal busca crear un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil con el objetivo de combatir delitos como extorsión, fraude y robo de identidad, prácticas que han crecido de manera acelerada en los últimos años. Sin embargo, junto con este propósito legítimo, surgen preguntas inevitables sobre los riesgos en materia de ciberseguridad y la protección de los datos personales de millones de mexicanos.
México es uno de los países con mayor penetración de telefonía móvil en América Latina. De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el país supera los 140 millones de líneas móviles activas, muchas de ellas vinculadas a servicios digitales, bancarios y plataformas de comercio electrónico. Por lo anterior, cualquier base de datos que concentre información personal representa un activo de alto valor, no solo para las autoridades, sino también para grupos criminales y actores maliciosos.
¿Qué información estaría en juego con el registro de celulares?
La idea es asociar cada línea telefónica a datos personales del usuario, lo que podría incluir nombre, identificación oficial, dirección y otros elementos de verificación. Aunque no es la primera vez que se plantea una medida similar el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT) fue eliminado en 2011 tras diversas fallas, el entorno digital actual hace que los riesgos sean aún mayores.
Alejandro Romero, Director General de Cyberpeace, advierte que el principal desafío no es únicamente la recolección de información, sino la responsabilidad que implica resguardarla. “Finalmente es información y es la privacidad que cae dentro de los ciudadanos”, explica en entrevista. Desde su perspectiva, cualquier iniciativa de este tipo despierta dos temores naturales en la población: el uso que se le dará a los datos y la posibilidad de que estos se filtren.
Uno de los puntos más relevantes que destaca Romero es que en la práctica los ciudadanos ya comparten grandes volúmenes de información personal en su vida cotidiana, muchas veces sin ser plenamente conscientes. Desde registros en restaurantes hasta formularios digitales, la exposición de datos se ha vuelto parte de la rutina.
“Desgraciadamente esa información que nosotros tenemos ya está en todos lados y muchas veces ni nos damos cuenta, nosotros mismos la estamos publicando y otorgando”, afirma. Como ejemplo, menciona los registros manuales que se solicitan en establecimientos comerciales, donde se pide nombre, teléfono, correo electrónico e incluso fecha de nacimiento, sin que exista claridad sobre quién administra o protege esa información.
Desde esta óptica, el rechazo automático a un registro gubernamental también debe analizarse con perspectiva. Alex subraya que, en muchos casos, los ciudadanos entregan sus datos a terceros privados sin ninguna garantía real de privacidad, algo que pocas veces genera el mismo nivel de alarma pública.
Filtraciones previas y el fantasma de la desconfianza
No obstante, la desconfianza hacia este tipo de iniciativas no surge de la nada. En México existen antecedentes de filtraciones de bases de datos sensibles, tanto en el sector público como en el privado. Casos relacionados con instituciones de salud, padrones electorales y dependencias gubernamentales han evidenciado debilidades estructurales en la protección de la información.
El Director General de Cyberpeace reconoce que esta preocupación es válida. “Hay información más sensible, como registros médicos o datos del INE, que desgraciadamente en algunos casos ha sido filtrada”, señala de manera indirecta. Este historial obliga a que cualquier nuevo registro venga acompañado de medidas de ciberseguridad robustas, auditorías constantes y transparencia sobre su operación.
A pesar de los riesgos, el CEO de Cyberpeace también reconoce que el objetivo de la iniciativa puede ser positivo si se implementa correctamente. La trazabilidad de las líneas telefónicas podría ayudar a reducir llamadas de extorsión y otros delitos que hoy afectan a miles de personas y empresas.
“Si el fin es frenar llamadas de extorsión y tener un registro de quién está utilizando esas líneas, eso es algo positivo”, afirma. Desde su punto de vista, la discusión debe centrarse menos en si se recopilan datos —porque esto ya ocurre de múltiples formas— y más en cómo se protegen y con qué propósito se utilizan.
El estado de la ciberseguridad en México
México avanzó en los últimos años en materia de ciberseguridad, aunque todavía enfrenta grandes retos. De acuerdo con firmas especializadas, el país se encuentra entre los más atacados de la región por ransomware y phishing, impulsado por la digitalización acelerada y la falta de cultura de seguridad en muchas organizaciones.
Moreno destaca que aunque no existe un sistema perfecto, sí comienza a percibirse un cambio. “Empezamos a ver un interés más genuino, no solo en discurso, sino con acciones concretas sobre ciberseguridad en el país”, explica. Alianzas público-privadas, mayor concientización y la creación de marcos regulatorios son señales que el país está dando sus primeros pasos hacia digitalizaciones más seguras.
En última instancia, el éxito o fracaso de esta iniciativa dependerá de la capacidad del Estado para demostrar que puede resguardar la información de millones de ciudadanos, en un país donde la ciberseguridad ya no es una opción, sino una necesidad estratégica.
