Hay plan federal para los ciberdelitos en Argentina

La situación nacional e internacional del ciberdelito está poniéndose cada día más compleja y es necesario tomar cartas en el asunto, por esa razón el Ministerio de Seguridad de La Nación y la Dirección Nacional de Investigaciones de la Secretaría de Seguridad están trabajando en la elaboración de un Plan Federal de prevención de delitos tecnológicos y ciberdelitos, donde además están sentando en la mesa de trabajo a empresas líderes de la Industria IT para generar un equipo de colaboración permanente.

Las primeras reuniones empezaron hace unas semanas atrás y quienes dijeron presente fueron: Cisco, Fortinet, ESET, Checkpoint y Cellebrite. 

Conversamos en exclusiva con Valentina Novick – Subsecretaria de investigación criminal y cooperación judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación – quien nos contó detalles de esta iniciativa que persigue dos metas muy concretas para lograr al año 2023:

• Contar con personal idóneo, tecnología y normativa necesaria para combatir los delitos realizados a través de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en todo el territorio nacional
• Conocer las métricas nacionales y equipos de respuesta a lo largo del territorio federal.

¿Cómo estamos hoy?

Quizás uno de los casos que más rápido nos viene a la mente, por su cercanía en el tiempo, es el que sucedió hace 3 semanas atrás donde un grupo de hackers vulneraron el sistema informático de la Dirección Nacional de Migraciones y publicaron a información robada en el blog de Netwalker (el nombre del software malicioso con que atacaron el sistema) en la darkweb.

Venció el plazo y los hackers publicaron la información robada a Migraciones https://t.co/b2uJ2CiIdk

— Desiree Jaimovich (@LaJaimo) September 11, 2020

Pero la realidad es que desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UCEFI) registró un aumento del 50% de las causas por delitos informáticos y algunos de ellos se incrementaron hasta en un 80%, como es el caso de los cometidos contra la integridad sexual infantil.

En un reciente informe de la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen (AALCC), sobre el total de consultas realizadas, desde que inició la cuarentena en marzo: el 42 por ciento se corresponde a delitos con finalidad económica, como el fraude y la extorsión. Pero alcanza el 54 por ciento si se suma la suplantación de identidad (o phishing), como práctica para concretar el engaño. Otro dato relevante del phishing surge del comparativo interanual que acumula un 72 por ciento de crecimiento contra el primer semestre de 2019.

Un plan ambicioso

Una parte del documento que nos compartiera el Ministerio de Seguridad es muy específica respecto a las metas estratégicas de este plan donde se destacan las siguientes:

• Creación de un centro de atención y respuesta al ciberdelito
• Desarrollo de cursos, talleres y ejercicios destinados a las fuerzas de seguridad con el fin de actualizar conocimientos
• Generar personal calificado que pueda desarrollarse en el sector público y privado
• Fortalecer las normas, procesos y protocolos
• Incrementar las capacidades del personal afectado al análisis forense.
• Ampliar el desarrollo de acuerdos a nivel regional e internacional para incrementar la colaboración
• Crear una comisión asesora conformada por especialistas con perfiles intra, inter y multidisciplinarios

Fomentar la colaboración con empresas TIC

En esta meta varias empresas líderes del sector dijeron presenten desde el primer momento donde sus líderes coinciden en que los mayores aportes que podrían ofrecer tienen que ver con la capacitación para el personal y además en recursos humanos idóneos que puedan formarse para ser parte del sector público. 

Le pedimos a los que asistieron a los primeros encuentros que nos aporten sus comentarios respecto a esta iniciativa:

Sin dudas es una interesante iniciativa donde el sector público y privado pueden colaborar proactivamente para lograr bajar considerablemente los índices de ciberdelitos en el país, pero a la vez conseguir establecer un plan sólido que se convierta en política de estado.