Manuel Acosta, vicepresidente de Ventas y director general para México de Fortinet, comentó que en América Latina la información sobre los ataques cibernéticos no es pública, lo que hace difícil monetizar ese tipo de delitos, no obstante que han crecido 48% en el país.
Fortinet, que recién inauguró su nuevo Centro de Seguridad en la ciudad de México, calcula que cada minuto se registran 200 mil ataques en todo el mundo. La cifra proviene de los 2 millones de dispositivos instalados a nivel global e información de sus más de 250,000 clientes mundiales.
Derek Manky, estratega de Seguridad Global de Fortinet asegura que México es el país más activo en ataques cibernéticos de toda América Latina, con 36% del total de las amenazas detectadas en la región. En los últimos seis meses, la empresa identificó 6 millones de virus cibernéticos diferentes y bloqueó ocho millones de intentos de ataques virtuales en el país.
El más popular, según Manky, fue la inyección SQL contra aplicaciones, algo que “no se ve en otras partes del mundo”. Martín Hoz, vicepresidente de Sistemas de Ingeniería de América Latina y El Caribe indica que otras amenazas crecientes son los ataques específicos y persistentes contra organizaciones y el secuestro de información en dispositivos móviles por parte del crimen organizado.
El objetivo es prevenir ataques, pero cuando éstos se dan, la capacidad de reacción de la empresa es de cinco minutos y hasta de cinco horas cuando se trata de ataques muy elaborados, explicó Manky.
Si bien la ley de Protección de Datos Personales es un gran avance para la seguridad en Internet, Pedro Paixao, vicepresidente de Ventas Internacionales de Fortinet propuso anexar a la ley un párrafo en que se obligue a las empresas a informar sobre los ataques cibernéticos.
No es la primera vez que oímos hablar de una propuesta como esta. La realidad es que algunos países funciona algún tipo de CSIRT (Computer Security Incidente Response Team) a nivel público o privado, en el que las organizaciones miembros comparten información sobre los ataques que reciben y cómo los solucionan, pero sólo se trata de iniciativas aisladas que, en el mejor de los casos, se comunican algunas con otras a nivel internacional. La propuesta de una obligatoriedad de anunciar los ataques que sufre una empresa entra en conflicto con el factor de riesgo reputacional de la misma, por lo que es una acción de difícil implementación, además del hecho de que no se trata de la obligatoriedad de publicar información financiera como lo solicita la Sarbanes Oxley Act, sino de información que puede ser fácilmente ocultada o alterada.
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