Infraestructura

Chile acelera trámites para atraer inversión minera

El país aprobó una ley que reduce drásticamente los plazos para permisos de inversión. Busca reactivar la economía y agilizar proyectos, sin rebajar estándares técnicos ni ambientales.

Con el objetivo de reactivar la economía y recuperar competitividad en el mercado internacional, Chile dio un paso clave al aprobar una nueva legislación que agiliza significativamente la obtención de permisos para proyectos de inversión, especialmente en sectores estratégicos como la minería y la energía.

La llamada “Ley de Permisología” fue despachada por el Congreso el 1° de julio y forma parte de un paquete de reformas estructurales impulsado por el gobierno. La iniciativa busca reducir entre un 30 % y un 70 % los tiempos de tramitación de más de 380 permisos sectoriales, sin rebajar los estándares regulatorios, ambientales ni técnicos.

Una reforma estructural para desburocratizar el Estado

La nueva ley establece la Ventanilla Única Digital, conocida como Plataforma SUPER, como punto de ingreso obligatorio y trazable para todas las solicitudes de permisos. Además, crea la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, que dependerá del Ministerio de Economía y tendrá la responsabilidad de coordinar, asesorar y gestionar el sistema de autorizaciones.

Chile impulsa una reforma estructural para agilizar permisos de inversión y reducir la burocracia.
Chile impulsa una reforma estructural para agilizar permisos de inversión y reducir la burocracia.

Uno de los elementos más destacados de la ley es la incorporación del “silencio administrativo positivo”. Esto implica que si un organismo público no responde dentro del plazo establecido, la solicitud se entenderá como aprobada. También se introduce el principio de proporcionalidad, que obliga a que los requisitos exigidos estén alineados con el nivel de riesgo del proyecto. La normativa contempla modificaciones a más de 40 leyes sectoriales, incluyendo minería, obras públicas, salud, energía y aguas.

La tramitación ambiental, todavía pendiente

Aunque se trata de un avance significativo, la ley no incluye los permisos ambientales, una de las principales causas de retraso en la ejecución de proyectos mineros. El gobierno ya ha iniciado una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), cuyo objetivo es hacerlo más técnico, predecible y menos politizado. Sin embargo, esta modificación aún no ha sido aprobada por el Congreso.

Entre las medidas en curso, se encuentra la actualización del reglamento del SEIA y la implementación de nuevas plataformas para digitalizar y transparentar los procesos. A fines de junio, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó cambios que permiten excluir del sistema los proyectos de bajo impacto y simplifican las modificaciones a obras ya existentes.

A futuro, se proyecta la eliminación del Comité de Ministros y de las Comisiones de Evaluación Ambiental regionales, para fortalecer la evaluación técnica y facilitar una participación ciudadana más temprana y efectiva.

Chile busca posicionarse como un destino más competitivo y eficiente para la inversión extranjera.
Chile busca posicionarse como un destino más competitivo y eficiente para la inversión extranjera.

Presión del sector minero y urgencia por atraer inversiones

La lentitud en la tramitación ha sido históricamente un freno para la inversión en Chile. En el sector minero, obtener todos los permisos puede tardar entre tres y doce años, lo que ha afectado el desarrollo de iniciativas clave. Actualmente, hay más de 20.000 millones de dólares en proyectos detenidos por demoras burocráticas.

Empresas como BHP, que planea invertir hasta 13.000 millones de dólares en el país, han manifestado la necesidad de contar con procesos más ágiles y previsibles. En eventos como el reciente Chile Day 2025, representantes del gobierno y líderes del sector coincidieron en que se necesita un sistema más moderno y eficiente para competir con otras jurisdicciones por la inversión internacional.

La modernización del sistema apunta también a dar certeza jurídica, reducir la discrecionalidad y facilitar la planificación de largo plazo.

El país apuesta por un modelo de desarrollo basado en sostenibilidad, certeza jurídica y agilidad.
El país apuesta por un modelo de desarrollo basado en sostenibilidad, certeza jurídica y agilidad.

Un impacto tangible en la inversión

La cartera de inversiones mineras en Chile para el período 2024-2033 comprende 51 proyectos con una inversión total estimada de 83.181 millones de dólares, lo que representa un aumento del 26,6 % respecto al período anterior. La minería es una pieza clave en la estrategia económica del país, que es el principal productor mundial de cobre y uno de los mayores de litio.

En paralelo, la inversión extranjera directa en 2024 alcanzó los 56.234 millones de dólares, impulsada en gran parte por los sectores de energía y minería. Se trató de un aumento del 68 % respecto a 2023, lo que evidencia el interés global por las oportunidades que ofrece Chile, especialmente frente al alza sostenida en la demanda de minerales críticos.

Un sistema más inteligente para todos los proyectos

Además de las iniciativas enfocadas en minería, el gobierno lanzó un proyecto para implementar un Sistema Inteligente de Permisos que beneficiará a todos los tipos de inversión, desde grandes industrias hasta pequeños comercios. Esta iniciativa contempla normas mínimas transversales para todos los permisos sectoriales y busca reducir la incertidumbre, simplificar trámites y mejorar la trazabilidad.

La nueva normativa reduce plazos y establece reglas claras para inversionistas y organismos públicos.
La nueva normativa reduce plazos y establece reglas claras para inversionistas y organismos públicos.

La Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) y la plataforma SUPER ya están operativas y permiten unificar solicitudes, entregar seguimiento en tiempo real y orientar a los inversionistas sobre los requisitos específicos según cada tipo de proyecto.

La Mesa de Royalty Minero, por su parte, propuso 20 medidas adicionales para reducir en un tercio los tiempos de tramitación. Entre ellas se destacan la digitalización de procesos, la creación de guías prácticas, la capacitación interinstitucional y la integración de plataformas públicas.

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