Por Aaron Cassorla, CEO de Omnix.
En menos de un año, los gobiernos deberán decidir qué modelos de inteligencia artificial pueden operar dentro de sus fronteras. Llegar tarde implica perder soberanía digital. La Unión Europea avanzó con su AI Act, Estados Unidos con órdenes ejecutivas de seguridad y China con su propio marco. Chile, hasta hoy, no tiene posición.
Tres hechos deberían encender las alarmas. Primero, la IA de modelos abiertos ya está al alcance de cualquiera. Hace días circuló un modelo de gran escala y, en horas, aparecieron versiones “sin censura”, descargables gratis y capaces de correr en un computador común. Un adolescente puede preguntarle cómo vulnerar infraestructura crítica, y el modelo responde.
Segundo, ya no sabemos con certeza de dónde vienen algunos de los modelos más avanzados. A fines de agosto apareció en una plataforma abierta un sistema anónimo, gratuito y sin trazabilidad de origen. El problema es que sistemas de alta capacidad circulen sin un responsable identificable.
Tercero, la ventana es corta. En los próximos doce meses, las potencias podrían exigir a sus socios estándares equivalentes a los propios. Un país sin marco de gobernanza puede ser percibido como una jurisdicción más riesgosa para operar e invertir.
La pregunta es incómoda: ¿qué pasa si mañana un atentado se planifica con un modelo abierto y descargado en minutos? ¿Quién responde: el proveedor, el desarrollador, el proveedor de internet o el Estado? Hoy esa responsabilidad no está clara y debe resolverse antes de que un incidente grave obligue a legislar de urgencia.
Chile necesita una arquitectura de gobernanza sobre tres capas. Datos: origen, calidad y consentimiento de la información con que se entrenan y operan los sistemas. Modelos: registro y evaluaciones de seguridad para los desplegados en sectores críticos —infraestructura, banca, salud, defensa y elecciones—, con trazabilidad sobre sus decisiones. Agentes: sistemas autónomos capaces de ejecutar acciones reales, que requieren autorización previa, auditoría continua y capacidad de reversión.
Regular sin distinguir estas capas es legislar a ciegas. No regular es entregar soberanía digital por omisión.
Pero discutir durante años tampoco es opción. Chile debiera convocar en los próximos 30 días una mesa de seguridad nacional sobre IA; contar en 90 días con un marco preliminar; avanzar en los siguientes seis meses hacia responsabilidades claras para quienes integran y operan estos sistemas en sectores críticos; y proponerse, en un año, una arquitectura efectiva de gobernanza.
La alternativa es esperar el primer incidente grave para reaccionar. Y en inteligencia artificial, cuando se reacciona, ya es tarde.
