Las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de prácticamente toda la población conectada, pero esa presencia creciente viene acompañada de una demanda igualmente fuerte por establecer límites. El 86% de los argentinos consultados está a favor de implementar algún tipo de regulación sobre las redes sociales, de acuerdo con un nuevo estudio del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de UADE.
La investigación se realizó sobre 1.549 personas de 16 años o más entre febrero y marzo de 2026. Aunque tuvo cobertura nacional y sus resultados fueron ponderados estadísticamente, la muestra presenta una fuerte concentración en el AMBA y entre los segmentos más jóvenes: el 89% reside en esa región y el 58% tiene entre 18 y 25 años.
Más allá de ese contexto, los resultados muestran consensos contundentes. La preocupación por la información falsa alcanza al 88%, la protección de los menores aparece como la principal prioridad para el 71% y el 80% reclama una mayor responsabilidad de las plataformas. Al mismo tiempo, el 57% considera que regular no significa necesariamente limitar la libertad de expresión.
Regular las redes sociales, pero sin llegar a los extremos
Cuando se analiza qué tipo de intervención prefieren los encuestados, aparece una tendencia hacia medidas focalizadas. El 47% se inclina por regulaciones sobre cuestiones concretas, entre ellas salud e información errónea, antes que por restricciones amplias sobre el funcionamiento de las plataformas.
Además, un 58% se ubica a favor de niveles medios-altos de regulación. Según la lectura realizada por el CIS, esto refleja una búsqueda de equilibrio entre control y libertad, antes que una adhesión a posiciones extremas.
Ese matiz resulta relevante porque la regulación de redes sociales suele plantearse alrededor de una tensión con la libertad de expresión. Sin embargo, para más de la mitad de los participantes ambas ideas pueden convivir: ordenar determinados aspectos del ecosistema digital no es percibido automáticamente como censurar.
El debate tampoco resulta completamente ajeno a lo que sucede fuera del país. El 60% de los consultados afirmó conocer medidas implementadas en Europa, una señal de que las iniciativas regulatorias internacionales ya ingresaron en la conversación pública argentina.
Los menores aparecen como la principal prioridad
Uno de los consensos más claros surge cuando se pregunta hacia dónde debería dirigirse la regulación. El 71% coloca la protección de los menores como la principal prioridad, por encima incluso de la desinformación, que alcanza el 68% en esa pregunta específica.
Sin embargo, también aquí aparecen diferencias sobre qué medidas deberían aplicarse.
El 58% respalda establecer restricciones para menores, mientras que un 36% se manifiesta en contra. Mucho mayor es el acuerdo cuando la propuesta consiste en implementar mecanismos de verificación de edad: el 87% apoya esa herramienta, convirtiéndola en una de las iniciativas con mayor nivel de aceptación de toda la investigación.
La diferencia entre ambos porcentajes es significativa. Existe un acuerdo amplio sobre la necesidad de proteger a niños y adolescentes, pero no necesariamente sobre prohibirles el acceso a las plataformas.
De hecho, el propio informe advierte que las restricciones de edad aplicadas de manera aislada pueden generar efectos no deseados. Al analizar experiencias internacionales, plantea que las políticas deberían incorporar una lógica de “seguridad por diseño”, con mayor transparencia algorítmica, responsabilidades para las compañías y herramientas que reduzcan dinámicas orientadas únicamente a maximizar el tiempo de permanencia.
La desinformación preocupa al 88% de los encuestados
Si los menores encabezan las prioridades regulatorias, la información falsa aparece como uno de los mayores temores asociados al uso cotidiano de las plataformas.
El 88% manifiesta preocupación por la circulación de información falsa, uno de los consensos más altos registrados por el estudio. Al mismo tiempo, el 85% considera que debería exigirse algún tipo de formación para opinar sobre asuntos técnicos.
Este último resultado plantea una transformación interesante en la forma en que los usuarios evalúan aquello que consumen. La lógica original de las redes, donde cualquier persona puede emitir contenido en igualdad de condiciones, comienza a convivir con una mayor demanda de credenciales, conocimiento y responsabilidad.
También cambia la mirada sobre los influencers. Para el 53% su legitimidad depende de cada caso, mientras que el 52% señala que confía más en creadores que cuentan con formación. El estudio interpreta estos resultados como un ecosistema cuya credibilidad todavía se encuentra en construcción.
Más contenido y una sensación creciente de saturación
La demanda de reglas ocurre, además, en un contexto de fuerte exposición digital. WhatsApp alcanza un uso del 95% entre los consultados e Instagram llega al 81%. A su vez, el 62% declara pasar entre una y cuatro horas diarias en redes sociales.
Pero el volumen parece comenzar a generar cansancio. El 97% percibe que la cantidad de contenidos aumentó considerablemente durante los últimos años, mientras que un 51% considera que debería limitarse ese volumen.
La discusión, por lo tanto, ya no pasa únicamente por cuánto tiempo permanecen los usuarios conectados. También alcanza la arquitectura de las plataformas, el funcionamiento de los algoritmos y la capacidad de diferenciar información relevante, confiable y verificable dentro de un flujo prácticamente permanente de publicaciones.
El 80% reclama más responsabilidad a las plataformas
Otro resultado importante desplaza parte de la responsabilidad desde los usuarios hacia las empresas tecnológicas.
Ocho de cada diez encuestados reclaman que las plataformas tengan un papel más activo en la protección de sus usuarios. El trabajo señala además una expectativa de responsabilidad compartida, en la que intervengan compañías, Estado y ciudadanos, en lugar de depositar el problema exclusivamente sobre una de las partes.
Esta posición coincide con otra tendencia observada en el estudio: la sociedad parece aceptar el papel profesional de las redes, pero espera mayores estándares. El 96% está de acuerdo con que profesionales utilicen estas plataformas como herramientas laborales y el 53% espera que el sector evolucione hacia una mayor profesionalización.
Es decir, el reclamo no parece orientado a eliminar las redes sociales de la vida cotidiana. Por el contrario, parte del reconocimiento de que ya constituyen una infraestructura central para comunicarse, trabajar, informarse y entretenerse.
Una regulación que, por sí sola, no resolvería el problema
Una de las conclusiones más relevantes del informe es precisamente que regular las redes sociales sería necesario, pero insuficiente.
El CIS incorpora distintas investigaciones internacionales que cuestionan la idea de que restringir plataformas pueda resolver automáticamente problemas asociados con el bienestar de niños y adolescentes. En particular, plantea que la pérdida de espacios presenciales de pertenencia, comunidades y grupos juveniles también forma parte del fenómeno.
Por eso, su conclusión amplía la discusión más allá de la tecnología: ordenar las plataformas debería complementarse con la reconstrucción de espacios comunitarios capaces de generar vínculos, pertenencia y habilidades sociales. El desafío sería, entonces, intervenir sobre el entorno digital sin asumir que todos los problemas que allí aparecen comenzaron dentro de las propias redes.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué porcentaje de argentinos está a favor de regular las redes sociales? Según el estudio del Centro de Investigaciones Sociales de UADE, el 86% de los encuestados está a favor de implementar regulaciones sobre las redes sociales en Argentina.
- ¿Cuál es la principal preocupación al regular las redes sociales? La protección de menores aparece como la principal prioridad para el 71%. Además, el 88% manifiesta preocupación por la circulación de información falsa.
- ¿Los argentinos creen que regular las redes limita la libertad de expresión? No mayoritariamente. El 57% considera que establecer regulaciones no implica necesariamente limitar la libertad de expresión.
