El gobierno pone en el freezer la Ley de Economía del Conocimiento. ¿Cual será el desenlace?

Si remar en la incertidumbre fuera deporte olímpico, el probable que la Argentina batiese todos los récords. Decimos que “es probable” porque en cualquier proyección local siempre hay que dedicar un generoso espacio a la incertidumbre. La Resolución 30/2020, publicada en el Boletín Oficial el 20 de enero, suspendió varios aspectos relacionados con la reglamentación de la Ley 27.506 de Promoción de la Economía del Conocimiento, volviendo a sumir en la incertidumbre a una industria como la del Software que, en la Argentina, abarca unas 5.000 empresas y que esperaba exportar hacia 2030 unos US$ 15.000 millones, creando además 250.000 puestos de trabajo. Como la Ley 27.506, aprobada en el Congreso en mayo pasado, no es exclusiva de la industria del Software, a ese vertical se suman otras actividades como producción y postproducción audiovisual, biotecnología, ingeniería genética, servicios profesionales para exportación, nanotecnología e industria aeroespacial y satelital, que completan un scope de 11.000 potenciales beneficiarias, a las que ahora no les queda otro remedio que esperar las nuevas definiciones.

En concreto, la resolución 30/2020 designa como Autoridad de Aplicación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, creado por la Ley N° 27.506, a la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo Productivo, quedando facultada para dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para el adecuado funcionamiento del mismo. Adicionalmente, suspende los plazos para analizar y procesar las solicitudes de adhesión al citado régimen hasta el momento en que sea dictada la normativa complementaria correspondiente.

Puentes tendidos sobre la tierra de nadie

Si bien la novedad sorprendió a una parte del mercado, la realidad es que los canales de comunicación entre los voceros del actual Gobierno (liderados por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas) y los principales actores del sector se mantienen abiertos. Es más, los representantes de las cámaras del sector (como CESSI o Argencon) se muestran cautamente optimistas, y reconocen la apertura y buena voluntad de parte del Ministerio. En tanto, este último manifestó que mantendrá su posición de la campaña en cuanto a que el espíritu y los objetivos de la ley son positivos, sin embargo no hay decisión tomada sobre la implementación de la norma.

Para el politólogo Augusto Salvatto, docente e investigador (UCA & UCES) y director del Programa Ejecutivo en Trabajo del Futuro (EPG – UCA), “la suspensión del régimen de promoción de la industria del conocimiento implica un importante retroceso por dos motivos. En primer lugar, la incertidumbre y el cambio permanente de las reglas del juego desalienta la inversión, altamente necesaria para insertarse en una economía global basada en la innovación y fomentar el crecimiento del país. Pero más grave aún es el mensaje implícito detrás de esta decisión desde el punto de vista de la concepción del modelo de desarrollo: La administración Fernández está mostrando que no considera a la Economía del Conocimiento como un sector estratégico, y que son las PyMEs y no las grandes y ricas empresas tecnológicas, a quienes hay que apoyar, como si el surgimiento de Unicornios no fomentara el desarrollo de cientos de empresas más pequeñas a su alrededor”.

Suspender la Ley de economía del conocimiento es entender el mundo como si fuera 1950 y no 2020. Va un hilo de por qué.

— Augusto Salvatto 🇦🇷 (@asalvatto) January 21, 2020

En este orden, Salvatto advierte que la economía del siglo XXI es muy diferente a la de 1960. “Este error de diagnóstico puede ser muy perjudicial para un país que, sin modelo de desarrollo claro desde hace más de medio siglo, tiene la enorme oportunidad de apostar por una transición a la Economía del Conocimiento y posicionarse a la vanguardia de esta industria a nivel regional gracias a su envidiable capital humano. Pero claro, siempre y cuando la política no perjudique aquello que cree defender”.

Pablo Iacub, presidente de Grupo Calipso, hace hincapié en el régimen anterior de la Ley 25.922 del 2004 (Ley de Software), culminado en diciembre pasado, y cuyos empadronados iban a beneficiarse del nuevo régimen a partir de enero, prácticamente de manera automática y casi sin solución de continuidad. “Ahora se suspende todo hasta que se pueda reglamentar bien. El problema es que, a quienes venimos con la Ley de Software y tenemos el beneficio desde 2004, nos cortó al medio. A mi juicio deberían haberse extendido los beneficios de la Ley de Software durante 60 ó 90 días, para no perjudicar a quienes tenemos nuestra estructura de costos soportada por estos beneficios”.

“La realidad —agrega Iacub— es que, más alllá de la buena onda que tenga (el ministro) Kulfas con el sector, hoy no tenemos ley”. El ejecutivo explica que no se pueden tomar decisiones si no hay ley, por más que luego el problema se resuelva rápidamente y a satisfacción de las partes. Como antecedentes, trae a colación lo sucedido durante la época de la ministra de Industria, Debora Giorgi (durante dos años no se reconocieron los beneficios, aunque luego se entregaran con retroactividad), y también la reducción de beneficios de diciembre de 2019, a partir de la Ley de Emergencia Económica. Más allá de la impredictibilidad que esto plantea, Iacub reflexiona: “Sacar los beneficios puede significar que muchas empresas no exporten más”. En última instancia, grafica, “es como si tuvieras diez sucursales, con nueve que te dan pérdida, y para solucionarlo cerrás la única sucursal que te da ganancias”.

Adrián Anacleto, CEO de Epidata entiende que en la actualidad se está trabajando «para sacar algo mejor, ya que la industria de las TICs es la única posibilidad de industrializar el país en la actualidad. Creemos en la buena voluntad de aquellos que están trabajando para mejorarlo y no en descartar un trabajo de tantos años». El ejecutivo de la multinacional de software con sede en Buenos Aires asegura que «la industria de Software y Servicios y, de manera más general, la industria del Conocimiento, que pudo desarrollarse y crecer hasta ser una de las más importantes del país, reclamó estas políticas para mejorar la competitividad frente a otros países. Si la oferta de TI se encarece y las empresas tienen que absorber ese incremento, es factible que se genere una desaceleración del sector, que además ya viene buscando bases en el exterior por mayor estabilidad«.

«La industria del Software junto a la Educación Pública es el principal factor de movilidad social que tiene la Argentina hoy. Empresas como Epidata brindan programas de primer empleo que permiten generar entre 40 y 60 puestos todos los años. Los salarios de un ingresante rondan los $40.000 (bruto) y al año están por encima de los $55.000. La industria del Software saca a una familia de la pobreza con cada empleo que genera», resume Anacleto.

El diablo está en los detalles

Sobre la resolución 30/2020, la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) emitió un comunicado donde explicó que se están manteniendo reuniones con el Ministerio de Desarrollo Productivo, “con el objetivo de impulsar las reglamentaciones que fomenten la competitividad, la generación de empleo y la transformación productiva, sin importar el tamaño de nuestras empresas representadas”. El comunicado aclara que, sin excepciones, “todas las empresas del sector, startups, PyMEs y grandes compañías contribuirán al desarrollo de un país inclusivo y federal, por lo que es importante seguir defendiendo la industria, la cual posee un amplio potencial para nuestros trabajadores”. Los integrantes de la CESSI están convencidos que, con la ayuda del Gobierno, se llegará pronto “a una reglamentación superadora en donde se pondrá foco en los beneficios que se centren en el crecimiento de la industria”.

Vale aclarar que la CESSI fue una activa promotora de la gestación de esta ley, y una de las responsables de que se abriera el juego de la promoción del para que otras industrias basadas en el conocimiento (y no solamente la industria del Software) se vieran beneficiadas por la norma.

Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon (la entidad que agrupa a las empresas prestadoras de servicios basados en el conocimiento), explicó que existe “cierta seguridad de parte del Ministerio de Desarrollo Productivo de que se trata de una modificación en algunos aspectos de la ley, pero no de la ley misma. El core de la ley está a salvo”. En este orden, la discusión se abre en torno a algunos aspectos que, o bien tienen que ver con la instrumentación de la ley, o bien con la forma en que se conceden ciertos beneficios y se consideran algunos requisitos.

Galeazzi asegura que el diálogo con el Ministerio de Desarrollo Productivo “es bueno”, que las reuniones son de “discusiones abiertas” y que, en general, hay una buena impresión acerca del abordaje que le han dado al tema los nuevos funcionarios.

¿Cuáles son los aspectos en pugna? Galeazzi sostiene que existen cambios propuestos que cuentan con el acuerdo de todos, como por ejemplo un mejor tratamiento a las empresas que son intensivas en I+D (Investigación y Desarrollo), y el retorno a la estructura de beneficios de la Ley de Software (calculados en base a los aportes patronales, dejando de lado el esquema de mínimo no imponible de la nueva ley). Sin embargo, otros deben ser charlados. El Gobierno no desea comprometerse a una estabilidad fiscal para el sector (que no sabe si podrá cumplir y, en la práctica, no se estaría cumpliendo) y propuso además que los beneficios de la promoción disminuyan en la medida en que aumenta la escala de la empresa. Para Galeazzi, lo primero “crea cierto margen de inseguridad jurídica”, en tanto que lo segundo platea cierto contrasentido con el espíritu de la ley, que es el de generar más exportaciones y más empleo.

Galeazzi reconoce, sin embargo, que hay una interrupción de algo que ya estaba lanzando. “Se habían hecho proyecciones en base a estas condiciones, pero ahora todos pararon la pelota”. Las incertidumbres giran, sobre todo, en torno al tiempo en que la ley no estará vigente (como tampoco lo está la del régimen anterior que beneficiaba a la industria del Software) y en cuanto a las eventuales fluctuaciones en términos impositivos a lo largo de los años. Lo previsible es que los cambios propuestos, cualesquiera que fuesen, deberán pasar por el Congreso, lo que implica que (aunque se trataran en sesiones extraordinarias) la interrupción se extenderá por semanas o meses. Para Galeazzi, esto tiene impacto en las eventuales inversiones y en la calidad de los negocios. “Lo que tratamos de hacer, tanto nosotros (en cuanto cámara) como el Ministerio, es que esto se resuelva lo antes posible”.

El periodista de LN Tecnología y docente, Sebastián Davidovsky, sostiene que algunas de las cuestiones que quiere rever el Gobierno están en la reglamentación, pero otras están en la ley misma. “Es una posibilidad el que cambien la ley”, opina. Davidovsky destaca tres aspectos sensibles, coincidiendo con Galeazzi en el análisis: la estabilidad fiscal por diez años (un panorama que podría acarrear juicios por incumplimiento de la norma y que, además, tiene antecedentes de no haberse cumplido, como es el caso de las retenciones a las exportaciones), la desvinculación de los beneficios fiscales al mínimo no imponible (factor que el Gobierno frenó en diciembre pasado) y el dejar fuera del beneficio a las empresas que más facturan (léase los Mercado Libre, Globant o Accenture). “También están revisando las condiciones para aplicar al beneficio”, agrega el periodista, que también es docente, para quien el desafío que tiene el Gobierno es hacer estas re-evaluaciones “sin dañar un sector que puede ser uno de los sectores exportadores más importantes”.

ITSitio.com invitó a otros jugadores del sector, incluyendo empresas de software y servicios, analistas, especialistas y funcionarios que, o bien nos remitieron a las cámaras del sector, o bien no respondieron a tiempo para este cierre, o bien declinaron hacer comentarios.