Versen opina que existen tres aspectos críticos: el mandato BYOD, endosarle los costos BYOD a los empleados, y atar las revisiones de rendimiento a las políticas de usuarios BYOD.
El mandato BYOD requiere que todos los empleados lleven sus propios teléfonos inteligentes, y quizá tabletas, para el trabajo y sus fines personales. Esto se convirtió en un tema candente lleno de controversia después de que una encuesta de Gartner mostrara que BYOD estaba ganando fuerza. Los resultados del estudio llevaron a que Gartner predijera que la mitad de los empleadores requerirá que los empleados suministren su propio dispositivo por motivos de trabajo para el año 2017.
Por supuesto, es bastante peculiar una política que le dice a un empleado que gaste cientos de dólares en un teléfono inteligente como condición de empleo. Un mandato BYOD abre un gran espectro de cuestionamientos. Por ejemplo, si un empleado tiene una mala calificación de crédito personal y no puede comprar un smartphone, ¿debería esto afectar su capacidad de conseguir o mantener un empleo? Tal vez el empleado no quiere un teléfono inteligente de lujo, ¿por qué habría que obligarlo a comprar uno?
Sin embargo, algunas empresas están exigiendo BYOD, señaló Versen. Hace casi dos años, VMware fue una de las primeras grandes empresas en adoptar BYOD de esta manera, pidiéndoles a todos sus seis mil trabajadores estadounidenses que compraran un teléfono inteligente. Cisco e Ingram Micro promulgaron políticas similares.
Versen señala que también ha visto una gran cantidad de empleados de empresas de bienes de consumo, que asumen toda la carga del costo de un teléfono inteligente o tableta BYOD. Es decir, si quiere disfrutar de la comodidad de un único dispositivo para el trabajo y el ocio, entonces tiene que pagar por ello. No solo el teléfono y el servicio, sino también por las aplicaciones.
Los costos ocultos, tales como el procesamiento de informes de gastos, cargos de roaming internacional, y el «teléfono zombie» (un dispositivo móvil dado por muerto y aun así facturado por la compañía) están impulsando las políticas BYOD sin estipendio ni reembolso. La experiencia demuestra que la gente va a pagar por sus teléfonos y tabletas BYOD relacionadas con el trabajo, al igual que ellos pagan por el servicio inalámbrico en sus hogares para utilizarlo en el trabajo.
Luego está la amenaza a la seguridad BYOD, que tiene a algunas empresas tomando medidas extremas. Especialmente para las altamente reguladas, la amenaza es real.
Con el fin de asegurar que los empleados sigan las políticas de seguridad BYOD, las empresas podrían pensar en vincular esas políticas a revisiones del desempeño.
Los primeros adoptantes de BYOD encontraron que los usuarios no informaban de un teléfono perdido o robado durante semanas, lo que constituía un gran riesgo para la pérdida de datos corporativos. Así que empezaron a promulgar políticas estrictas aprobadas al más alto nivel de una empresa.
«De alguna manera, la política protege al empleado», reflexionó Versen. «Si pierde información de los clientes, especialmente en la industria de servicios financieros, no solo la empresa puede ser demandada sino también la persona dueña del dispositivo. Las empresas siguen tratando de perfeccionar sus programas de BYOD, para encontrar el equilibrio adecuado”.
